Un Ministerio a la deriva, la censura previa y la criminalización de Internet

La Directiva comunitaria 2000/31/CE, de 8 de junio, asegura que los Estados garantizarán que los prestadores de servicios intermediarios de la Sociedad de la Información no serán responsables por el simple hecho de prestar tales servicios de intermediación y el secreto de las comunicaciones, mientras la Ministra de Cultura y sus interlocutores no dispongan lo contrario, seguirá siendo un derecho fundamental plasmado en nuestra Constitución.

Más información en Asociación de Internautas.

y en navegante de elmundo.es